Cuando una autoridad o funcionario adopta una decisión que consideramos manifiestamente arbitraria, utiliza su cargo para beneficiar a determinadas personas o perjudica deliberadamente nuestros intereses, podemos preguntarnos si estamos simplemente ante una actuación administrativa ilegal o ante un verdadero delito.
El abuso de autoridad en España no constituye un único delito con ese nombre. El Código Penal regula diferentes conductas que pueden aparecer cuando el poder público se utiliza de forma ilícita, entre ellas la prevaricación administrativa, el cohecho, la malversación, el tráfico de influencias o determinadas negociaciones prohibidas.
En Bufete Ruiz y Reguant somos abogados penalistas en Madrid especializados en Derecho Penal y procedimientos de especial complejidad. Cuando analizamos una posible actuación arbitraria de una autoridad, diferenciamos desde el principio entre una resolución simplemente anulable en vía administrativa y una conducta que puede superar ese ámbito y adquirir relevancia penal.
Respuesta rápida: un abuso de autoridad en España puede constituir delito cuando concurren los requisitos de alguna figura penal concreta. En la prevaricación administrativa, por ejemplo, necesitamos una resolución arbitraria dictada por una autoridad o funcionario público a sabiendas de su injusticia. Una decisión equivocada, discutible o incluso ilegal no es suficiente por sí sola. Debemos analizar la resolución, el expediente administrativo, la competencia de quien decidió, los informes existentes y las pruebas que permitan acreditar que se actuó conscientemente al margen del Derecho.
Qué entendemos por abuso de autoridad en España
La expresión abuso de autoridad en España se utiliza habitualmente para describir situaciones en las que una persona investida de poder público utiliza sus facultades de forma arbitraria, desviada o ilícita.
¿Crees que has sido víctima de un abuso de autoridad o una resolución injusta? En el Bufete Ruiz y Reguant llevamos más de cuatro décadas defendiendo a quienes han sufrido este tipo de delitos. Cuéntanos tu caso y te orientamos sin compromiso.
Sin embargo, desde el punto de vista penal debemos identificar qué delito concreto podría haberse cometido.
No existe un artículo general que castigue simplemente cualquier “abuso de autoridad”.
Delitos contra la Administración Pública
El Título XIX del Código Penal regula diferentes delitos relacionados con el funcionamiento de la Administración Pública.
Entre los que podemos tener que analizar encontramos:
- Prevaricación administrativa.
- Cohecho.
- Tráfico de influencias.
- Malversación.
- Negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios.
- Fraudes realizados abusando del cargo.
Además existen figuras específicas en otros títulos, como la prevaricación urbanística o la prevaricación judicial.
Quién puede ser autoridad o funcionario público a efectos penales
El concepto penal de funcionario es más amplio que la idea cotidiana de funcionario de carrera.
Qué considera autoridad el Código Penal
El artículo 24 considera autoridad a quien, por sí solo o como miembro de una corporación, tribunal u órgano colegiado, tenga mando o ejerza jurisdicción propia.
El propio artículo atribuye expresamente esta condición a determinados cargos públicos.
Qué considera funcionario público
A efectos penales, es funcionario público quien por disposición inmediata de la ley, elección o nombramiento de autoridad competente participa en el ejercicio de funciones públicas.
Por tanto, lo relevante no es únicamente el tipo de contrato o relación laboral, sino la participación efectiva en una función pública conforme a los requisitos legales.
Qué ocurre con los particulares
Una persona que no reúne esta condición no puede ser autora directa de determinados delitos especiales propios reservados a autoridades o funcionarios.
Eso no impide que, dependiendo de los hechos, podamos analizar su posible participación como inductor, cooperador u otra forma de intervención penal.
La prevaricación administrativa del artículo 404
Cuando hablamos de abuso de autoridad en España, una de las figuras más importantes es la prevaricación administrativa.
El artículo 404 castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo.
La pena actual por prevaricación administrativa
Actualmente, el artículo 404 establece una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de nueve a quince años.
No contempla prisión como pena propia de este delito básico, aunque los mismos hechos pueden concurrir con otros delitos que sí tengan penas privativas de libertad.
Qué requisitos necesitamos para que exista prevaricación
No cualquier irregularidad administrativa es delito.
Debe existir una resolución en un asunto administrativo
Necesitamos identificar una decisión con contenido resolutorio adoptada en el ámbito administrativo.
No todo informe, conversación, recomendación o actuación material constituye automáticamente una resolución a efectos del artículo 404.
Sin embargo, debemos analizar cada supuesto concreto y también comprobar si existe alguna figura penal especial que castigue expresamente informes o actuaciones determinadas.
La resolución debe ser arbitraria
No basta con demostrar que un tribunal administrativo o contencioso-administrativo podría anularla.
La jurisprudencia exige un nivel de contradicción con el ordenamiento que no pueda explicarse mediante una interpretación técnico-jurídica mínimamente razonable.
Podemos encontrarnos, por ejemplo, con:
- Falta absoluta de competencia.
- Omisión consciente de trámites esenciales.
- Decisiones incompatibles de forma patente con la norma aplicable.
- Utilización del procedimiento únicamente como apariencia para alcanzar una decisión previamente decidida.
Debe dictarse a sabiendas
Este elemento es fundamental.
El funcionario debe conocer el carácter arbitrario de su decisión y, pese a ello, dictarla.
La prevaricación administrativa es un delito doloso.
No existe una modalidad general de prevaricación administrativa por simple negligencia.
Una resolución ilegal no es automáticamente prevaricación
Esta diferencia es probablemente la más importante de todo el artículo.
Puede existir una interpretación jurídica discutible
La Administración debe aplicar normas que en ocasiones admiten distintas interpretaciones.
Que posteriormente un tribunal adopte una interpretación distinta no transforma automáticamente la decisión administrativa en delito.
Puede existir un error
Un error jurídico, procedimental o técnico puede provocar la nulidad de una resolución sin que exista responsabilidad penal.
La vía penal exige un plus de arbitrariedad
Para hablar de prevaricación debemos superar el plano de la mera ilegalidad y acreditar una actuación arbitraria y consciente.
Por eso, cuando estudiamos un posible abuso de autoridad en España, analizamos primero si realmente existe ese plus penal antes de recomendar una denuncia o querella.
Cómo podemos demostrar que una resolución fue dictada a sabiendas
En muy pocas ocasiones encontraremos una prueba directa en la que una autoridad reconozca expresamente que sabe que está adoptando una decisión ilegal.
Por eso el dolo puede acreditarse mediante prueba indiciaria.
Informes técnicos o jurídicos ignorados
Puede resultar relevante que existan informes claros que advertían expresamente de la ilegalidad y que, aun así, la autoridad adoptara la decisión contraria.
Omisión consciente de trámites esenciales
También puede ser relevante que se eliminen deliberadamente controles o trámites precisamente para alcanzar un resultado que no podría obtenerse siguiendo el procedimiento legal.
Cambio inexplicable del procedimiento habitual
Una alteración extraordinaria del modo habitual de actuar puede ser un indicio si existe además otra prueba que permita relacionarla con la decisión investigada.
Intereses personales o económicos
La existencia de relaciones personales, económicas o empresariales con los beneficiados puede resultar relevante, aunque por sí sola no demuestre prevaricación.
La prueba debe valorarse conjuntamente
No recomendamos construir una acusación penal utilizando un único dato aislado.
Debemos reconstruir el expediente completo y contextualizar cada indicio.
Prevaricación administrativa y cohecho no son lo mismo
El cohecho se produce cuando aparecen dádivas, favores, retribuciones, ofrecimientos o promesas vinculadas al ejercicio de la función pública en los términos regulados por los artículos 419 y siguientes.
Cohecho para realizar un acto contrario a los deberes del cargo
El artículo 419 contempla, entre otros supuestos, que una autoridad o funcionario solicite o reciba una contraprestación para realizar un acto contrario a sus deberes o dejar de realizar o retrasar injustificadamente aquello que debería practicar.
La pena básica prevista incluye prisión de tres a seis años, multa e inhabilitación.
Puede existir cohecho sin prevaricación
No necesitamos necesariamente que exista una resolución administrativa arbitraria para que pueda aparecer un delito de cohecho.
Pueden coexistir ambos delitos
Si una autoridad recibe una contraprestación y además dicta una resolución arbitraria a sabiendas, debemos estudiar la relación entre ambas conductas y las reglas de concurso aplicables.
Malversación de patrimonio público
Otra figura que podemos tener que analizar es la malversación.
La regulación actual distingue diferentes conductas y no debemos reducir toda malversación a una única modalidad.
Apropiación de patrimonio público
El artículo 432 castiga a la autoridad o funcionario que, con ánimo de lucro, se apropia o permite que un tercero se apropie del patrimonio público que tiene a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de ellas.
Uso temporal de patrimonio público
La regulación vigente contempla también en el artículo 432 bis una modalidad relativa a determinados usos temporales del patrimonio público sin ánimo de apropiación definitiva, sometida a sus propios requisitos.
Otros supuestos relacionados con fondos públicos
El Código Penal regula también conductas relacionadas con aplicaciones privadas, desviaciones presupuestarias y otras formas específicas de utilización irregular del patrimonio público.
Debemos identificar exactamente qué ocurrió antes de decidir qué artículo resulta aplicable.
Tráfico de influencias
El tráfico de influencias tampoco equivale simplemente a conocer a un funcionario.
El artículo 428 exige que una autoridad o funcionario influya sobre otro prevaliéndose de las facultades de su cargo o de una relación personal o jerárquica con el objetivo de conseguir una resolución que pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico.
También existe una modalidad aplicable a particulares en el artículo 429.
Negociaciones prohibidas a funcionarios
El artículo 439 regula situaciones en las que una autoridad o funcionario que debe intervenir por razón de su cargo en un contrato, asunto, operación o actividad aprovecha esa circunstancia para forzar o facilitar su participación en el negocio.
Por tanto, cuando detectamos un posible conflicto de interés debemos determinar si estamos únicamente ante una incompatibilidad administrativa o si los hechos cumplen realmente los requisitos de una figura penal.
Prevaricación judicial: una figura diferente
La prevaricación judicial no es simplemente una modalidad agravada del artículo 404.
Está regulada separadamente dentro de los delitos contra la Administración de Justicia.
Jueces y magistrados
El artículo 446 castiga al juez o magistrado que, a sabiendas, dicta una sentencia o resolución injusta.
Las penas varían según el tipo de resolución y pueden incluir prisión, multa e importantes periodos de inhabilitación.
Existe incluso una modalidad por imprudencia grave o ignorancia inexcusable
A diferencia de la prevaricación administrativa general, el artículo 447 contempla una modalidad específica cuando un juez o magistrado dicta por imprudencia grave o ignorancia inexcusable una sentencia o resolución manifiestamente injusta.
Prevaricación urbanística
En materia urbanística existe una figura específica en el artículo 320.
Esto es importante porque determinadas conductas que no encajarían exactamente en el esquema ordinario del artículo 404 pueden tener una regulación propia.
Informes favorables a actuaciones urbanísticas ilegales
El artículo 320 castiga, entre otros supuestos, informar favorablemente a sabiendas determinados instrumentos, proyectos o licencias contrarios a las normas de ordenación territorial o urbanística.
Resoluciones o votaciones
También contempla a la autoridad o funcionario que resuelve o vota a favor de determinadas actuaciones urbanísticas a sabiendas de su injusticia.
Omisiones de inspección
La regulación alcanza asimismo determinadas conductas vinculadas a inspecciones y silenciamiento consciente de infracciones urbanísticas.
Por eso en un asunto relacionado con licencias, planeamiento o construcciones debemos estudiar primero si resulta aplicable este tipo especial.
Abuso de autoridad en contratación pública
La contratación pública es otro de los ámbitos donde podemos encontrar situaciones con posible relevancia penal.
Fraccionamiento artificial de contratos
Dividir deliberadamente operaciones para evitar procedimientos de contratación puede ser relevante, pero no significa automáticamente que exista prevaricación.
Debemos demostrar los elementos del delito que se pretenda imputar.
Pliegos dirigidos a un licitador concreto
Una configuración artificial diseñada conscientemente para beneficiar a una empresa determinada puede constituir un elemento importante dentro de una investigación.
Adjudicaciones arbitrarias
Cuando se prescinde conscientemente de criterios legales o del procedimiento para alcanzar un resultado predeterminado podemos tener que analizar prevaricación y, dependiendo de los hechos, otras figuras como cohecho, tráfico de influencias, falsedad o fraude.
Abuso de potestades sancionadoras o disciplinarias
También podemos encontrarnos con decisiones sancionadoras que consideramos utilizadas como represalia.
El abuso de autoridad tiene consecuencias penales graves y actuar a tiempo marca la diferencia. Nuestros abogados especializados en Derecho Penal en Madrid analizarán tu situación y te dirán qué pasos dar desde el primer momento.
Una sanción posteriormente anulada no demuestra por sí sola la comisión de un delito.
Debemos acreditar arbitrariedad consciente
Necesitamos estudiar si existía base jurídica y fáctica para iniciar el expediente, qué pruebas se utilizaron y si la autoridad conocía que estaba actuando fuera de cualquier interpretación razonable del ordenamiento.
El expediente resulta especialmente importante
Puede mostrarnos cuándo se tomó realmente la decisión, qué informes existían y si el procedimiento se utilizó únicamente para dar apariencia jurídica a un resultado previamente decidido.
Qué pruebas analizamos ante un posible abuso de autoridad
Cuando estudiamos un posible abuso de autoridad en España, una parte esencial del trabajo consiste en separar sospechas de pruebas objetivas.
Expediente administrativo completo
Es uno de los primeros documentos que revisamos.
Puede contener:
- Informes jurídicos.
- Informes técnicos.
- Actas.
- Propuestas.
- Resoluciones.
- Correos incorporados al expediente.
- Alegaciones.
- Documentación de contratación.
Documentación externa
También podemos tener mensajes, comunicaciones, documentos empresariales o información que permita relacionar a la autoridad con determinadas personas beneficiadas.
Testigos
Funcionarios, técnicos, empleados públicos, particulares o empresarios pueden aportar información sobre cómo se adoptó realmente la decisión.
Prueba técnica
En asuntos urbanísticos, económicos, contables o de contratación podemos necesitar expertos que expliquen cuestiones técnicas.
No debemos confundir esto con sustituir al tribunal en la interpretación del Derecho: la valoración jurídica corresponde al órgano judicial.
Prueba indiciaria
Cuando no existe una prueba directa del conocimiento del funcionario, diversos indicios objetivos pueden permitir construir o discutir la inferencia sobre el dolo.
Vía penal y vía contencioso-administrativa
Que consideremos que existe un delito no significa que debamos olvidar la impugnación administrativa o contencioso-administrativa de la resolución.
La vía contencioso-administrativa analiza la legalidad del acto
Puede permitir solicitar la anulación de la resolución y, cuando proceda, plantear otras pretensiones frente a la Administración.
La vía penal analiza la responsabilidad criminal
En la prevaricación necesitamos demostrar además los elementos específicamente penales, incluida la arbitrariedad y el conocimiento.
Debemos coordinar ambas estrategias
No consideramos correcto afirmar de forma absoluta que ambas vías siempre pueden tramitarse sin ninguna interacción procesal.
Dependiendo del caso pueden plantearse cuestiones prejudiciales, efectos derivados de resoluciones firmes y problemas de coordinación.
En Bufete Ruiz y Reguant analizamos conjuntamente la vertiente penal y el contexto administrativo para decidir qué actuación conviene en cada momento.
Cómo podemos denunciar un posible abuso de autoridad
Si existen indicios de delito podemos valorar diferentes vías.
Denuncia
Podemos poner los hechos en conocimiento de la Policía, Guardia Civil, Ministerio Fiscal o del órgano judicial competente, dependiendo del caso.
Querella criminal
La querella permite personarnos formalmente como acusación y participar activamente en el procedimiento.
Podemos proponer diligencias, acceder a las actuaciones en los términos legales y ejercer posteriormente la acusación cuando proceda.
La querella debe tener una base penal suficiente
No recomendamos presentar una querella únicamente porque una resolución nos parezca profundamente injusta.
Debemos explicar qué resolución consideramos arbitraria, qué normas se vulneraron, por qué esa contradicción supera una interpretación razonable y qué elementos permiten afirmar que la autoridad lo sabía.
Qué órgano investiga actualmente estos delitos
La organización judicial española ha cambiado.
Desde la implantación de los Tribunales de Instancia, la investigación penal corresponde con carácter general a las Secciones de Instrucción de los Tribunales de Instancia, salvo los supuestos atribuidos a otros órganos por razón de la materia o de la persona investigada.
Debemos comprobar aforamientos
Algunas autoridades tienen reglas especiales de competencia por razón de su cargo.
Por tanto, no todas las querellas contra cargos públicos deben presentarse ante la misma Sección de Instrucción.
Cuándo interviene la Fiscalía Anticorrupción
No cualquier denuncia por prevaricación debe dirigirse automáticamente a la Fiscalía Especial contra la Corrupción.
Esta Fiscalía actúa en materias incluidas dentro de sus competencias cuando los hechos presentan la especial trascendencia exigida.
Otros asuntos relacionados con delitos contra la Administración Pública pueden ser tramitados por las fiscalías territoriales o por otras unidades y especialidades del Ministerio Fiscal.
Antes de presentar una denuncia valoramos cuál es el cauce adecuado en función de las personas implicadas, complejidad y dimensión del asunto.
Cuándo prescribe la prevaricación administrativa
El plazo del artículo original necesitaba una actualización importante.
El artículo 404 tiene actualmente una pena máxima de quince años de inhabilitación
El artículo 131 establece un plazo de prescripción de quince años cuando la pena máxima señalada por la ley es una inhabilitación superior a diez años.
Por tanto, la prevaricación administrativa del artículo 404 está sometida actualmente, con carácter general, a un plazo de prescripción de quince años.
El cómputo empieza desde la comisión
Como regla general, el artículo 132 establece que la prescripción comienza desde el día en que se comete la infracción.
Debemos analizar las fechas concretas y las reglas que puedan resultar aplicables a cada delito.
Otros delitos pueden tener otros plazos
Si investigamos simultáneamente cohecho, malversación, falsedad u otras conductas, no debemos asumir que todos prescriben en el mismo momento.
Puede reclamar una indemnización la persona perjudicada
Si existe un delito que ha causado daños podemos tener que estudiar también la responsabilidad civil derivada del delito.
Debemos acreditar el daño
No basta con demostrar que existió prevaricación.
Para reclamar una cantidad necesitamos acreditar el perjuicio económico y su relación causal con los hechos.
Daño emergente y lucro cesante
Dependiendo del caso pueden plantearse distintos conceptos indemnizatorios, pero deben estar suficientemente justificados.
Posible responsabilidad subsidiaria de la Administración
El artículo 121 del Código Penal regula determinados supuestos de responsabilidad civil subsidiaria del Estado, comunidades autónomas y otras administraciones públicas por daños causados por autoridades, agentes, contratados o funcionarios penalmente responsables cuando concurren sus requisitos.
No recomendamos afirmar que la Administración responde automáticamente de cualquier delito cometido por un funcionario.
Qué ocurre disciplinariamente con el funcionario investigado
El procedimiento penal y el régimen disciplinario son planos diferentes.
Dependiendo de la administración, del vínculo del funcionario, de los hechos y de las medidas previstas legalmente, pueden existir actuaciones disciplinarias.
No debemos afirmar que la apertura de una causa penal implique automáticamente la separación del servicio.
Cómo defendemos a un funcionario acusado de prevaricación
En Bufete Ruiz y Reguant no actuamos únicamente del lado de quien denuncia.
También podemos asumir la defensa de autoridades o funcionarios acusados injustamente de haber dictado una resolución arbitraria.
Demostramos que existía una interpretación jurídica razonable
Si la resolución contaba con cobertura normativa defendible, podemos discutir el elemento objetivo de la arbitrariedad.
Analizamos los informes disponibles
Que la autoridad siguiera informes técnicos o jurídicos puede resultar relevante para valorar si realmente conocía una supuesta injusticia.
Discutimos la existencia de dolo
Incluso una resolución ilegal puede quedar fuera del Derecho Penal si no se acredita que fue dictada a sabiendas de su arbitrariedad.
Cuestionamos que exista una resolución típica
En determinados casos el acto atribuido al investigado puede no reunir los requisitos necesarios para constituir la resolución exigida por el artículo 404.
Por qué es importante actuar desde la fase de investigación
Las diligencias iniciales pueden definir buena parte del procedimiento.
Necesitamos identificar desde el principio qué documentos deben incorporarse, qué personas deben declarar y qué elementos permiten explicar la verdadera naturaleza jurídica de la decisión.
La declaración de la persona investigada tampoco debería prepararse de forma aislada del expediente administrativo.
Por qué trabajar con nosotros en procedimientos por abuso de autoridad
En Bufete Ruiz y Reguant contamos con una trayectoria en Derecho Penal en Madrid que se remonta a 1986 y trabajamos asuntos que requieren un análisis técnico especialmente riguroso.
Los procedimientos relacionados con un posible abuso de autoridad en España exigen combinar conocimientos penales con la comprensión del expediente administrativo, urbanístico, contractual o económico que originó la controversia.
No partimos de la premisa de que toda resolución anulable sea delictiva ni de que toda acusación contra un funcionario sea infundada.
Analizamos la documentación y determinamos qué elementos respaldan realmente la acusación o la defensa.
Esta experiencia nos permite actuar tanto cuando una empresa o particular considera haber sufrido una resolución arbitraria como cuando una autoridad o funcionario necesita defenderse de una imputación penal.
Conclusión: cuándo el abuso de autoridad en España puede convertirse en delito
El abuso de autoridad en España puede tener relevancia penal, pero no existe un delito general que permita perseguir cualquier actuación pública que consideremos injusta.
Debemos identificar la figura concreta aplicable.
En la prevaricación administrativa necesitamos una resolución arbitraria dictada a sabiendas de su injusticia. Si aparecen pagos o contraprestaciones podemos analizar cohecho; si existen fondos públicos, malversación; y si se utiliza una posición pública para influir sobre otra autoridad, puede aparecer tráfico de influencias.
La diferencia entre una ilegalidad administrativa y un delito depende de elementos jurídicos y probatorios especialmente exigentes.
En Bufete Ruiz y Reguant somos abogados especializados en Derecho Penal y analizamos estos procedimientos desde la documentación concreta del expediente para determinar si existe base suficiente para ejercer una acusación o cómo debemos construir una defensa penal sólida.
Preguntas Frecuentes sobre abuso de autoridad en España
Si un funcionario o autoridad ha tomado una decisión injusta que te ha perjudicado, la ley te ampara. Contacta hoy con el Bufete Ruiz y Reguant y recibe una valoración profesional y confidencial de tu caso.
