Cuando un producto puesto en el mercado provoca lesiones, intoxicaciones o un riesgo serio para la salud, las consecuencias jurídicas pueden ir mucho más allá de una reclamación civil o una sanción administrativa.
En determinados casos podemos encontrarnos ante una verdadera responsabilidad penal por productos defectuosos, con investigaciones dirigidas contra fabricantes, responsables de producción, distribuidores, importadores, directivos y, cuando concurren los requisitos legales, contra la propia persona jurídica.
En Bufete Ruiz y Reguant somos abogados especializados en Derecho Penal Económico en Madrid y nuestra trayectoria se remonta a 1986. Cuando intervenimos en procedimientos relacionados con productos peligrosos analizamos simultáneamente la normativa técnica del producto, la cadena de decisiones empresariales, las alertas recibidas, los controles de calidad y los requisitos concretos del delito que se pretende imputar.
Respuesta rápida: la responsabilidad penal por productos defectuosos no nace automáticamente porque un producto falle o cause un daño. Debemos identificar qué tipo penal puede resultar aplicable, quién tomó las decisiones relevantes, si existía conocimiento del riesgo o imprudencia grave y si podemos demostrar una relación causal entre la conducta investigada y el peligro o daño producido. Además, la responsabilidad penal de una empresa exige que el delito concreto admita responsabilidad de la persona jurídica y que concurran los requisitos del artículo 31 bis del Código Penal.
No todo producto defectuoso genera responsabilidad penal
Una de las primeras cuestiones que debemos aclarar es la diferencia entre defecto civil, incumplimiento administrativo y delito.
Si usted o su empresa se enfrenta a una investigación por responsabilidad penal por productos defectuosos que dañan la salud, cada hora cuenta. Contacte ahora con el Bufete Ruiz y Reguant y reciba una valoración confidencial de su caso.
Responsabilidad civil por producto defectuoso
El régimen civil de productos defectuosos permite que una persona perjudicada reclame determinados daños causados por un producto que no ofrece la seguridad que legítimamente cabía esperar, conforme a las reglas aplicables.
Esta responsabilidad tiene una lógica diferente de la penal.
Incumplimientos administrativos de seguridad
Una empresa también puede enfrentarse a medidas administrativas, retirada de productos, prohibiciones de comercialización o sanciones por incumplir normativa sectorial sin que necesariamente exista un delito.
Responsabilidad penal
El Derecho Penal exige que los hechos encajen en un delito concreto.
No existe en el Código Penal un delito denominado genéricamente “comercializar un producto defectuoso”.
Dependiendo del producto, de la conducta y del resultado podemos tener que analizar delitos contra la salud pública, lesiones, homicidio imprudente, publicidad engañosa, estafa u otras figuras específicas.
Por qué un defecto de fabricación no implica automáticamente delito
Un fallo aislado puede producirse incluso dentro de procesos industriales que cuentan con controles razonables.
Para hablar de responsabilidad penal por productos defectuosos necesitamos ir más allá de demostrar que el producto era defectuoso.
Qué sabían los responsables
Debemos determinar cuándo apareció el riesgo y quién tuvo conocimiento de él.
No es lo mismo comercializar un producto sin conocer un defecto técnicamente imprevisible que mantenerlo en circulación después de recibir informes que acreditan un peligro serio.
Qué controles existían
Analizamos procedimientos de calidad, ensayos, documentación técnica, reclamaciones, sistemas de trazabilidad y protocolos de retirada.
Qué podía razonablemente exigirse
La diligencia debe valorarse atendiendo al sector, producto, normativa aplicable, conocimiento técnico disponible y posición concreta de cada persona investigada.
Los delitos contra la salud pública relacionados con productos peligrosos
Los artículos 359 y siguientes del Código Penal regulan diferentes conductas contra la salud pública.
No todos resultan aplicables a cualquier artículo de consumo.
Sustancias nocivas y productos químicos
El artículo 359 sanciona a quien, sin hallarse debidamente autorizado, elabora sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos, o los despacha, suministra o comercializa.
La pena prevista incluye prisión de seis meses a tres años, multa e inhabilitación especial.
Comercialización autorizada incumpliendo formalidades
El artículo 360 contempla una conducta diferente cuando una persona está autorizada para traficar con esas sustancias o productos pero los despacha o suministra incumpliendo las formalidades previstas en la normativa correspondiente.
Medicamentos y productos sanitarios
El artículo 361 regula determinadas conductas relacionadas con medicamentos o productos sanitarios que carecen de autorizaciones o documentos exigidos, están deteriorados o caducados o incumplen determinadas exigencias técnicas y con ello generan un riesgo para la vida o la salud.
Por tanto, en este ámbito no basta con utilizar de forma genérica la expresión “producto defectuoso”.
Debemos comprobar exactamente qué irregularidad existía y si generaba el riesgo exigido por el tipo penal.
Productos alimentarios perjudiciales para la salud
El Código Penal contiene además una regulación específica para determinados alimentos y bebidas.
Artículo 363
Este precepto castiga a productores, distribuidores o comerciantes que pongan en peligro la salud de los consumidores mediante algunas de las conductas expresamente enumeradas.
Entre ellas encontramos determinados supuestos relacionados con:
- Requisitos de caducidad o composición.
- Alimentos o bebidas nocivos para la salud.
- Productos corrompidos.
- Productos no autorizados perjudiciales para la salud.
- Mercancías destinadas a inutilización o desinfección.
Adulteración de alimentos
El artículo 364 regula, entre otros supuestos, la adulteración de alimentos, sustancias o bebidas mediante aditivos u otros agentes no autorizados susceptibles de causar daños a la salud.
Envenenamiento o adulteración especialmente grave
El artículo 365 castiga el envenenamiento o adulteración de aguas potables o sustancias alimenticias destinadas al uso público o al consumo colectivo con sustancias infecciosas u otras gravemente nocivas.
Puede existir responsabilidad penal por imprudencia grave
No todos los delitos de este bloque exigen necesariamente una actuación dolosa.
El artículo 367 dispone que, cuando los hechos previstos en los artículos anteriores se realizan por imprudencia grave, se imponen las penas inferiores en grado.
No cualquier error constituye imprudencia grave
Debemos acreditar un incumplimiento particularmente relevante del deber de cuidado.
Por ejemplo, podría ser necesario estudiar:
- Si se omitieron controles obligatorios.
- Si se ignoraron alertas internas repetidas.
- Si existían resultados analíticos incompatibles con la seguridad.
- Si se incumplieron deliberadamente protocolos esenciales.
- Si se continuó comercializando sin investigar incidencias graves conocidas.
La valoración depende del puesto concreto
El deber de cuidado de un director de producción puede ser diferente del correspondiente a un comercial o un administrativo.
No podemos atribuir responsabilidad penal simplemente porque una persona aparezca en el organigrama de la empresa.
Qué ocurre si el producto provoca lesiones
Cuando además del riesgo se produce un daño físico concreto, podemos tener que analizar los delitos de lesiones.
Lesiones imprudentes
El artículo 152 contempla diferentes penas dependiendo de la gravedad de las lesiones causadas por imprudencia grave.
No existe una pena única de “tres a dieciocho meses” para cualquier lesión causada por un producto.
La consecuencia penal depende del resultado concreto y del artículo de lesiones al que corresponda.
Imprudencia profesional
Cuando los hechos constituyen imprudencia profesional pueden aparecer además penas de inhabilitación para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo.
Qué ocurre si una persona fallece
Si existe una relación causal entre la conducta imprudente y el fallecimiento de una persona, podemos tener que analizar un homicidio por imprudencia.
Homicidio por imprudencia grave
El artículo 142 establece para el homicidio por imprudencia grave una pena de uno a cuatro años de prisión.
Imprudencia profesional
Si la conducta deriva de imprudencia profesional puede imponerse además una inhabilitación especial.
Varias víctimas
Cuando existen varios fallecidos o una combinación de fallecimientos y lesiones graves, el Código Penal contiene reglas que pueden permitir una respuesta penal superior en supuestos de notoria gravedad.
No recomendamos afirmar automáticamente que cada víctima genera siempre una suma aritmética independiente de penas: debemos analizar las reglas de concurso y los preceptos específicos aplicables.
Publicidad engañosa sobre la seguridad de un producto
En determinados asuntos puede aparecer también el artículo 282 del Código Penal.
Alegaciones falsas o características inciertas
El delito publicitario castiga a fabricantes o comerciantes que, en sus ofertas o publicidad, realizan alegaciones falsas o manifiestan características inciertas de manera que puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores.
Puede ser relevante cuando se hacen afirmaciones falsas sobre:
- Composición.
- Certificaciones.
- Propiedades.
- Rendimiento.
- Seguridad.
No cualquier publicidad incorrecta es delito
El Derecho Administrativo y el Derecho de Consumo sancionan numerosas prácticas publicitarias sin necesidad de acudir al Derecho Penal.
Para aplicar el artículo 282 debemos acreditar los requisitos específicos del tipo penal.
La empresa puede responder penalmente
La responsabilidad penal por productos defectuosos puede alcanzar en determinados casos a la propia persona jurídica.
Pero tampoco aquí existe una responsabilidad automática por el simple hecho de que uno de sus empleados o directivos haya cometido un delito.
Debemos partir del artículo 31 bis
La persona jurídica solo puede responder penalmente por aquellos delitos para los que el Código Penal contempla expresamente esta posibilidad.
En materia de delitos contra la salud pública de los artículos 359 y siguientes, el artículo 366 contiene una previsión específica para personas jurídicas.
Delitos cometidos por representantes o personas con capacidad de decisión
La empresa puede responder cuando el delito se comete en su nombre o por su cuenta y en su beneficio directo o indirecto por representantes legales o personas con facultades de decisión, organización o control, siempre que concurran los restantes requisitos.
Delitos cometidos por subordinados
Cuando los hechos proceden de trabajadores sometidos a la autoridad de esas personas, el artículo 31 bis exige, entre otros requisitos, que hayan podido cometerse porque se incumplieron gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control.
No toda ventaja económica constituye automáticamente beneficio penalmente relevante
Debemos estudiar si la conducta se realizó realmente por cuenta y en beneficio directo o indirecto de la sociedad.
Si un trabajador actúa exclusivamente contra los intereses de la empresa para obtener un beneficio personal, la situación puede ser muy diferente.
Qué penas puede recibir una persona jurídica
El artículo 366 establece específicamente las consecuencias para las personas jurídicas responsables de determinados delitos contra la salud pública.
Multa específica
Puede imponerse una multa de uno a tres años o una multa del doble al quíntuplo del valor de las sustancias y productos o del beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener, aplicándose la cantidad que resulte más elevada.
Pueden existir otras penas
Atendiendo a las reglas del Código Penal, el tribunal puede valorar además otras consecuencias previstas para personas jurídicas.
Entre ellas pueden encontrarse:
- Disolución.
- Suspensión de actividades.
- Clausura de locales o establecimientos.
- Prohibición de realizar determinadas actividades.
- Inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas.
- Prohibición de contratar con el sector público.
- Intervención judicial.
No todas estas medidas se imponen automáticamente en cada procedimiento.
Responsabilidad individual de administradores y directivos
La posible responsabilidad penal de la empresa no sustituye la necesidad de individualizar qué hizo cada persona física.
No responde todo el consejo de administración
Ser administrador, consejero o alto directivo no nos convierte automáticamente en responsables del producto.
Debemos comprobar:
- Qué competencias tenía cada persona.
- Qué información recibió.
- Qué decisiones adoptó.
- Qué controles podía ordenar.
- Si tenía capacidad real para retirar o bloquear el producto.
- Cuándo conoció la existencia del riesgo.
Responsables técnicos y de calidad
En determinados procedimientos adquieren especial relevancia responsables de producción, calidad, seguridad, regulación o vigilancia poscomercialización.
La responsabilidad dependerá de sus deberes concretos y de su intervención en los hechos.
Delegación de funciones
La existencia de una organización interna y delegaciones válidas puede ser relevante para determinar quién debía adoptar cada decisión.
Sin embargo, delegar no significa siempre quedar exento de cualquier deber de supervisión.
El compliance no es un escudo automático
Un programa de cumplimiento puede ser muy importante en una investigación por responsabilidad penal por productos defectuosos, pero únicamente si está realmente adaptado a los riesgos de la empresa y funciona en la práctica.
Qué exige el artículo 31 bis
Los modelos de organización y gestión deben identificar actividades de riesgo, establecer protocolos de decisión, gestionar adecuadamente recursos financieros, incluir deberes de información, disponer de un sistema disciplinario y revisarse periódicamente.
Control de riesgos de producto
En una empresa que fabrica o comercializa productos de consumo podemos estudiar, entre otros elementos:
- Controles de diseño y fabricación.
- Validaciones y ensayos.
- Trazabilidad.
- Gestión de reclamaciones.
- Protocolos de alertas.
- Retirada y recuperación de productos.
- Control de proveedores.
- Formación.
- Canal interno de información.
Las pequeñas empresas tienen reglas específicas
No todas las sociedades necesitan necesariamente un órgano independiente idéntico.
El propio Código Penal permite determinadas adaptaciones para personas jurídicas de pequeñas dimensiones.
El Reglamento europeo de seguridad general de los productos
Desde diciembre de 2024 resulta especialmente relevante el Reglamento (UE) 2023/988 relativo a la seguridad general de los productos.
Este régimen se aplica a los productos de consumo en la medida en que no exista normativa europea específica que regule los mismos riesgos con la misma finalidad.
Solo pueden comercializarse productos seguros
El Reglamento establece un requisito general de seguridad para los productos incluidos en su ámbito.
Los fabricantes deben evaluar riesgos
Antes de introducir determinados productos en el mercado, los fabricantes deben realizar un análisis interno de riesgos y elaborar documentación técnica.
Las obligaciones no son iguales para todos
Fabricantes, importadores y distribuidores tienen obligaciones diferentes según su posición dentro de la cadena.
Por eso no consideramos correcto afirmar que todos responden penalmente del mismo modo por cualquier defecto.
Qué debemos hacer cuando descubrimos que un producto es peligroso
La reacción de la empresa después de conocer el riesgo puede tener una importancia enorme desde el punto de vista regulatorio y penal.
Adoptamos medidas correctoras
Cuando se cumplen los presupuestos de la normativa aplicable puede ser necesario detener la comercialización, retirar unidades de los canales de venta o recuperar productos ya entregados a consumidores.
Informamos a las autoridades cuando corresponda
En el régimen general de seguridad de productos existen obligaciones de comunicación mediante Safety Business Gateway.
En sectores específicamente regulados pueden existir otros canales y autoridades competentes.
Informamos a los consumidores
Cuando existe un producto peligroso pueden surgir obligaciones de comunicación directa y de aviso a las personas afectadas.
No esperamos necesariamente a que exista un daño
La normativa de seguridad del producto pretende actuar frente al riesgo antes de que aparezcan lesiones.
Desde una perspectiva penal, una vez conocemos una situación peligrosa, continuar vendiendo sin analizarla ni adoptar las medidas exigibles puede cambiar sustancialmente nuestra posición.
Safety Gate ha sustituido la denominación RAPEX
En productos de consumo no alimentarios, la regulación europea utiliza actualmente el sistema Safety Gate.
La denominación RAPEX pertenece al régimen anterior y no es la terminología que recomendamos utilizar en un artículo actualizado.
Safety Gate Rapid Alert System
Permite que autoridades nacionales y Comisión Europea intercambien información sobre productos peligrosos y medidas correctoras.
Safety Gate Portal
Es la vertiente destinada a informar públicamente sobre productos peligrosos.
Safety Business Gateway
Permite a operadores económicos cumplir determinadas obligaciones de información frente a autoridades y consumidores.
Alimentos: AESAN, SCIRI y RASFF
Para productos alimentarios el sistema es diferente.
Con más de 40 años de experiencia en Derecho Penal Económico, nuestros abogados conocen en profundidad los mecanismos legales para defenderte frente a acusaciones por productos peligrosos o nocivos para la salud. Dé el primer paso y póngase en contacto con nosotros hoy mismo.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) es un actor central dentro del sistema español de alertas alimentarias.
SCIRI
El Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información permite gestionar a nivel nacional alertas relacionadas con alimentos.
RASFF
La red europea RASFF permite el intercambio rápido de información entre Estados miembros sobre riesgos derivados de alimentos y piensos.
Una alerta no implica automáticamente responsabilidad penal
La retirada de un lote o la aparición de una alerta administrativa demuestra que existe una cuestión de seguridad que debe gestionarse, pero no acredita por sí sola dolo, imprudencia grave ni autoría penal.
Medicamentos y productos sanitarios: papel de la AEMPS
Los medicamentos y productos sanitarios tienen una regulación sectorial específica y no deben tratarse simplemente como cualquier producto de consumo.
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
La AEMPS publica comunicaciones de seguridad, alertas y retiradas relacionadas con medicamentos y productos sanitarios.
Una retirada puede tener carácter preventivo
La existencia de una retirada administrativa no significa necesariamente que se haya producido una lesión ni que exista un delito.
Las autoridades pueden ordenar o promover retiradas precisamente para prevenir daños.
La reacción ante una alerta puede ser determinante
Desde la perspectiva de la defensa penal analizamos cuándo tuvo conocimiento la empresa del problema, qué decisión adoptó y cuánto tiempo tardó en ejecutarla.
Complementos alimenticios
Los complementos alimenticios merecen especial atención porque pueden encontrarse en la frontera entre diferentes regímenes regulatorios dependiendo de su composición y presentación.
Sustancias no declaradas
La presencia de ingredientes farmacológicamente activos o sustancias no declaradas puede generar alertas sanitarias y, dependiendo de los hechos, diferentes responsabilidades.
Alegaciones de salud
No todas las afirmaciones comerciales sobre salud están permitidas.
Una alegación irregular puede dar lugar a consecuencias administrativas y, solo cuando se cumplen los requisitos de un delito concreto, a responsabilidad penal.
Juguetes y productos infantiles
Los productos destinados a menores están sometidos a requisitos de seguridad especialmente relevantes.
Sin embargo, no consideramos correcto afirmar que cualquier incumplimiento técnico eleva automáticamente la “exigencia penal”.
Primero analizamos la normativa técnica
Debemos comprobar qué requisito concreto se incumplió y si ese incumplimiento generaba realmente un riesgo.
Después analizamos la conducta penal
Solo entonces podremos valorar si hubo imprudencia grave, dolo o alguna otra conducta susceptible de encajar en un delito.
Equipos de trabajo y productos utilizados por trabajadores
Cuando un producto defectuoso se utiliza dentro de un entorno laboral pueden aparecer además obligaciones propias de prevención de riesgos laborales.
Fabricante y empresario no tienen necesariamente la misma responsabilidad
Debemos separar el posible defecto del producto de la decisión empresarial de ponerlo a disposición de los trabajadores.
Delitos contra los derechos de los trabajadores
Dependiendo de las circunstancias, puede ser necesario analizar los artículos relacionados con seguridad y salud laboral, además de las lesiones o el homicidio imprudente que pudieran haberse producido.
Importadores y distribuidores
La responsabilidad penal por productos defectuosos tampoco recae automáticamente sobre todos los miembros de la cadena comercial.
Importadores
La normativa de seguridad general impone a los importadores obligaciones propias antes y después de introducir determinados productos en el mercado.
Entre otras cuestiones deben comprobar determinados requisitos y reaccionar cuando consideran o tienen motivos para considerar que un producto es peligroso.
Distribuidores
Los distribuidores tienen igualmente deberes de verificación y actuación, pero su posición jurídica no es idéntica a la del fabricante.
Conocimiento real del riesgo
Desde el punto de vista penal resulta especialmente importante determinar qué información recibió cada operador y cuándo.
Un distribuidor que desconoce razonablemente un defecto oculto se encuentra en una situación diferente de quien continúa vendiendo después de recibir una alerta específica sobre ese producto.
Plataformas de comercio electrónico
El actual régimen europeo también establece obligaciones específicas para proveedores de mercados en línea.
No debemos equipararlos automáticamente al fabricante o al vendedor de cada producto.
Su responsabilidad depende de su papel concreto, del régimen jurídico aplicable y de las actuaciones que realicen cuando conocen que un producto peligroso se ofrece a través de su plataforma.
Qué hacemos en las primeras horas después de un incidente grave
Cuando existe riesgo de investigación por responsabilidad penal por productos defectuosos, la reacción inicial debe ser técnica, jurídica y ordenada.
Preservamos documentación
Debemos conservar:
- Expedientes técnicos.
- Ensayos.
- Controles de calidad.
- Informes de proveedores.
- Correos y comunicaciones relevantes.
- Actas de reuniones.
- Reclamaciones.
- Registros de trazabilidad.
- Historial de lotes.
- Decisiones de retirada.
Identificamos quién conocía cada información
Necesitamos reconstruir cuándo surgió la primera alerta y quién la recibió.
No modificamos documentación retrospectivamente
Alterar informes, eliminar mensajes o reconstruir protocolos después del incidente puede perjudicar gravemente nuestra posición procesal.
Coordinamos la investigación interna
Una investigación interna bien diseñada puede ayudarnos a determinar qué ocurrió, pero debe organizarse correctamente para evitar contaminar pruebas o generar contradicciones.
La prueba pericial es esencial
En estos procedimientos, la discusión rara vez es exclusivamente jurídica.
Pericial sobre el defecto
Necesitamos determinar si existía realmente un fallo de diseño, fabricación, composición, almacenamiento o información.
Pericial sobre el riesgo
No todo incumplimiento técnico produce un peligro relevante para la salud.
Pericial médica
Cuando existen lesionados debemos estudiar si el producto pudo realmente producir los daños alegados.
Nexo causal
La acusación debe acreditar la relación jurídicamente relevante entre la conducta imputada y el resultado.
Podemos encontrar factores alternativos como:
- Uso contrario a las instrucciones.
- Mala conservación posterior.
- Manipulación del producto.
- Interacción con otros productos.
- Patologías previas.
- Intervención de terceros.
Cómo defendemos la ausencia de imprudencia grave
Una de las líneas de defensa puede centrarse en acreditar que actuamos con la diligencia exigible.
Cumplimiento normativo
Analizamos certificaciones, ensayos, procedimientos y controles aplicables.
Sistema de calidad real
No basta con presentar manuales.
Debemos demostrar que los controles funcionaban y se documentaban.
Respuesta ante incidencias
Una reacción rápida frente a una reclamación o alerta puede demostrar que existían mecanismos activos de vigilancia.
Defecto imprevisible
Si el problema no era razonablemente detectable con los medios y conocimientos disponibles, esta circunstancia puede ser especialmente relevante para discutir una imputación por imprudencia grave.
Comisión por omisión
En algunos procedimientos la acusación puede sostener que un responsable no causó directamente el daño, pero tenía una posición jurídica que le obligaba a actuar.
No basta con ocupar un cargo
Necesitamos estudiar si existía una verdadera posición de garante y si la persona tenía capacidad real para evitar el resultado.
Conocimiento del riesgo
Resulta especialmente importante determinar si el responsable conocía hechos que exigían una actuación.
Capacidad efectiva de actuación
No podemos atribuir el mismo deber a quien podía ordenar una retirada nacional que a quien únicamente tenía funciones comerciales sin competencias sobre producción o seguridad.
Qué ocurre durante una investigación penal
Los procedimientos pueden iniciarse a partir de una denuncia, de actuaciones del Ministerio Fiscal, de información procedente de autoridades administrativas o de hechos conocidos tras un incidente grave.
Actual organización judicial
Con la actual estructura de Tribunales de Instancia, la investigación corresponderá con carácter general a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia competente, salvo los supuestos atribuidos a otros órganos.
Pueden existir entradas y registros
Cuando se cumplen los requisitos legales pueden acordarse diligencias dirigidas a obtener documentación, productos, muestras o dispositivos electrónicos.
La empresa y sus directivos pueden tener estrategias diferentes
No debemos asumir que siempre existe identidad absoluta de intereses entre persona jurídica y personas físicas investigadas.
Si aparecen conflictos, puede resultar necesario valorar defensas separadas.
Cómo trabajamos estos procedimientos en Bufete Ruiz y Reguant
Cuando una empresa acude a nosotros por un problema relacionado con un producto, empezamos identificando qué normativa técnica resulta realmente aplicable.
Después reconstruimos la cadena de decisiones:
- Quién diseñó el producto.
- Quién validó su fabricación.
- Quién recibió las primeras reclamaciones.
- Qué información llegó a dirección.
- Quién podía paralizar la comercialización.
- Cuándo se adoptaron las medidas correctoras.
También analizamos el programa de compliance, protocolos de calidad, documentación regulatoria y la posible responsabilidad individual de cada directivo o empleado.
Por nuestra experiencia en Derecho Penal Económico y defensa de empresas y directivos, damos especial importancia a coordinar desde el inicio la defensa jurídica con la prueba científica y técnica.
Conclusión: cuándo existe responsabilidad penal por productos defectuosos
La responsabilidad penal por productos defectuosos requiere mucho más que demostrar que un producto presentó un fallo.
Debemos identificar el delito concreto, comprobar el riesgo o daño producido, determinar qué sabía cada responsable y establecer si existió dolo o, cuando el tipo lo permita, imprudencia grave.
En los procedimientos contra empresas debemos analizar además si el delito admite responsabilidad de la persona jurídica y si concurren los requisitos del artículo 31 bis.
La actuación posterior al descubrimiento del problema también puede resultar decisiva. Sistemas de trazabilidad, retirada, comunicación a autoridades, avisos a consumidores y documentación de las decisiones permiten reconstruir cómo respondió realmente la empresa.
En Bufete Ruiz y Reguant abordamos estos asuntos combinando el análisis penal empresarial con la prueba técnica necesaria para determinar si existe verdaderamente responsabilidad criminal y quién debe responder por los hechos.
Preguntas Frecuentes sobre responsabilidad penal por productos defectuosos
La responsabilidad penal por productos defectuosos que dañan la salud puede tener consecuencias devastadoras para su reputación y libertad. No afronte este proceso solo: el Bufete Ruiz y Reguant le ofrece una defensa sólida y personalizada desde el primer momento.
